1.- De la dictadura a la democrácia

Escrito por Antonio Pavón Ortiz

lunes, 03 de noviembre de 2008

Del habeas corpus al habeas data




Existen dos artículos en nuestra Constitución, en concreto el 20 y el 105, que obligan a la Administración, al Gobierno y al Estado a dar al ciudadano la información que tengan esos órganos, aunque sólo sea por manifiesta curiosidad.



Pues bien, no sé si saben los apreciados lectores que en eso de la información no estamos en la Champions league como en otras materias según mantiene el Presidente del Gobierno. En el contexto europeo Grecia, Luxemburgo y Chipre son los que juegan nuestra liga, la campeona en esto es Suecia. Ud., ciudadano sueco, acude a la administración y quiere saber el sueldo, las dietas o los ingresos de cualquier político que trabaje en la administración y por Ley, -sí, digo bien, por Ley-, le contestan en cuarenta y ocho horas, y si no pueden cumplir con ese plazo le llaman para darle una explicación, igualito que en esta Democracia presidencialista y monárquica que rige y gobierna en España, si no acudes a los Tribunales la mayoría de veces te quedas sin saber...

Ésta de la información al ciudadano es otra de las promesas incumplidas por el gobierno socialista, y ésta sí que la llevaban en su programa electoral. Por qué no presentan al Parlamento un proyecto de Ley sobre información al ciudadano, y eso que tienen mayoría con sus aliados para hacerlo. Otra promesa era la Ley sobre familias sobreendeudadas, similar a la francesa. Esta Ley también está en el limbo esperando supongo, coyuntura, pues aprovechen señores socialistas con la crisis, perdón desaceleración económica y financiera. Se lo están poniendo a huevo, y creo y seguro no me equivoco no se presentó al parlamento por presiones bancarias. Miren ahora a los bancos, con las manos abiertas y pidiendo. Cómo cambian los tiempos.



Pero volvamos a la información al ciudadano. Para cuándo una Ley, como en el resto de Europa, que reconozca y regule el derecho de la ciudadanía a poner a su disposición información oficial, archivos públicos y datos de todas las administraciones. Con esa Ley higienizaríamos la democracia y nuestros gobernantes se lo pensarían mucho antes de tomar decisiones que afecten al erario publico. Pondré un pequeño ejemplo, el otro día un primo holandés, en una sobremesa, me confesó que en Holanda no existen los coches oficiales para uso de los políticos. Si viven en la misma ciudad donde ejercen sus competencias van a su labor en medio público, en bicicleta o a pie. Si viven fuera de la ciudad usan su coche y el gobierno les abona los kilómetros. Que usen su coche para desplazamientos oficiales, excelentísimo Sr. Benach, VENGA EN TREN desde Reus, le pagaremos un kilométrico, si todavía existe.





Yo pensé “esto es como aquí”. Si pudiera preguntar cuántos coches, chóferes, reparaciones, gasolinas y seguros de coches oficiales se gastan al año quizá solventaríamos más de un mal endémico español, pero sabiendo cómo somos, y aunque estuviera aprobada la Ley de información al ciudadano, ese dato que yo solicitara nunca se me daría, pues España se ha convertido en un reino de taifas en el que ni siquiera, en este nefasto y costoso sistema de autonomías, se lograría la información, se perdería en la jungla burocrática que han montado entre todos. El euro es el euro, sea gasto autonómico o central.



Si fuésemos una democracia yo haría muchísimas preguntas a la administración. Citaré alguna de ellas y que conste que son para provocar.





Por qué las eléctricas se forran con los alquileres de los contadores de luz.





Por qué no puedo conocer el sueldo y demás prebendas del Sr. Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE.



Por qué el Presidente del gobierno nombra a cientos de asesores. Con qué criterios, sus funciones y su coste.



Por qué el gobierno no contesta al informe de Acceso a Información de Europa publicado, que revela que más de cuarenta solicitudes presentadas con más de veinte organismos públicos en España durante el pasado año, un 78% no ha recibido la información solicitada.





Por qué el 28 de septiembre es el día internacional del derecho a saber. La Administración española no parece tener esa fecha en su calendario.





Por qué España no quiere oírlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Y añade que el Estado tiene la "obligación positiva" de suministrar la información.



Por qué un representante de un gran banco español no quiere que se dé a conocer a los ciudadanos qué bancos van a recibir fondos públicos del Estado.





Por qué hasta el Sr. Bush, en USA, tan insultado por nuestros políticos, da información veraz de la administración de su país a cualquier ciudadano que lo solicite, cuando en España no existe ni una Ley, con un gobierno que se dice progresista.

Por qué si de la dictadura logramos conseguir el HABEAS CORPUS, con tantos gobiernos pasados y el presente en democracia no hemos conseguido el HABEAS DATA.




Para qué seguir, listas de espera, subvenciones a las fundaciones, cuántos soldados españoles en el extranjero, lo que cuestan al estado las normalizaciones lingüísticas, de Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares, Valencia y la Cataluña Norte, costo de las llamadas selecciones deportivas que no son la española. En definitiva, cuánto nos cuesta el sistema autonómico, millones de preguntas sin respuesta y encima nuestro gobierno no cumple con su programa electoral, confundiendo como siempre partido y gobierno………………………………………………………………….QUÉ PAÍS.