67.- El Estado español ridículo hasta en lenguas

Escrito por Antonio Pavón Ortiz

viernes, 04 de junio de 2010

Esta es la noticia: El Ministerio de Justicia de Francia y el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) han instado a los jueces de Cataluña a que no remitan escritos en catalán a tribunales del país vecino por vulnerar el reglamento de usos lingüísticos. Francia ha elevado la queja al CGPJ, que a su vez ha remitido una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, en la que le recuerda que Francia únicamente acepta comunicaciones judiciales, al margen de en francés, en inglés, italiano, alemán y español, y que "no aceptará ninguna otra lengua".




Era de esperar. El Gobierno francés, sí cumple la legalidad lingüística europea. ¡Qué sonrojo le debe haber producido al Presidente de Europa por turno, nuestro José Luis Rodríguez Zapatero!, si se ha enterado, claro. Aunque tal como está el patio, me parece que esto no le debe preocupar en absoluto.



Me refiero a la advertencia del Gobierno francés, sobre el uso del catalán. Hasta hoy, todos lo saben y muchos lo ocultan, EL CATALÁN NO ES IDIOMA OFICIAL EN EUROPA. Por ello, el Ministerio de Justicia francés ha solicitado a ESPAÑA que no remita actuaciones judiciales en este idioma oficial en Cataluña.



Si ya somos, como mantiene un ex ministro español, un protectorado económico de Europa, lo que no van a permitir los demás países europeos, es tratar a un idioma regional español como si fuera oficial europeo. No olvidemos que, además, el gallego y el vascuence también son idiomas españoles.



Ya sabemos que a los nacionalistas no les gusta esto de la legalidad cuando no pueden poner por encima su nación o su lengua, que consideran, nada menos, su ADN. Su insufrible victimismo e imposición lingüística la padecemos todos los ciudadanos en carne propia y, sobre todo, en la de nuestros hijos y nietos.



Sin ir mas lejos –con Internet el mundo se ha hecho pequeño–, el otro día, me remitieron al despacho un correo del partido que gobierna en Cataluña, y que preside un ciudadano proveniente de Andalucía. Se trataba de la oferta de un puesto de trabajo temporal, que vencería al concluir las elecciones autonómicas. ¿Saben la única condición? CATALÁN HABLADO Y ESCRITO; ni edad, ni sexo, ni experiencia laboral previa... Me quedé de piedra. Ése es el requisito solicitado por este gobierno que se autodenomina de izquierdas y progresista. Yo los despacharía con una sola palabra, que se ajustaría bastante a su acción, pero, a mis años, no quiero pagar costas judiciales a según qué gente.



Ojo con lo de los idiomas, no solo en la Justicia. Cuando las empresas públicas catalanas, que dependen del gobierno catalán, anuncian algún concurso de adquisición de bienes y servicios que se ha de publicar –por ley– en el boletín de las Comunidades Europeas, a veces, lo publican en idioma catalán, incumpliendo, por tanto, la legislación comunitaria en esa materia. A ellos les da igual, su afán normalizador no conoce límites. Era la política lingüística del anterior presidente, Pujol: apretar al máximo hasta que protesten. El actual le ha cogido el testigo y sigue con la misma filosofía de hecho, pasando del derecho del ciudadano, de las normas del Estado y de los acuerdos entre Estados.¡Qué les costaba enviar a Francia sus comunicaciones judiciales en catalán y en español!



Aprovechando que el Pisuerga para por Valladolid, al hilo del asunto del que informo, siempre he mantenido, entre amigos y colegas, que la Ley de Normalización lingüística, que sufrimos en Cataluña, atenta contra los principios de la UE de libre circulación de personas y de libre establecimiento. Así lo entendería un ciudadano de otro Estado europeo que se instalase en Cataluña a ejercer una actividad profesional o montar cualquier tipo de negocio, y le trataran de imponer, por ejemplo, una multa lingüística por poner el letrero de su establecimiento en un idioma que no fuera el catalán. De esta violación de principios son plenamente conscientes los” torquemadas lingüísticos”, pero les da igual privar de libertad lingüística al ciudadano español o comunitario. Siguiendo con el caso hipotético de que ese ciudadano europeo sancionado lingüísticamente recurriera contra el Estado Español –por dicha multa– a los Tribunales Europeos y que, tras los tramites procesales pertinentes, el Estado español fuese obligado a modificar esa ley, sepan que el gobierno de España no podría hacer nada en esa materia; tendría las manos atadas, ante la legislación autonómica en este tema.



No saldremos adelante en este país en el tema lingüístico, ni en los demás: en el económico, en el de lealtad institucional y en el de confianza de los ciudadanos con sus gobernantes, hasta que la clase política copie la actitud –déjenme defender mi oficio– de los abogados, pues nosotros, hemos de solucionar los conflictos que dirimimos con dialéctica y razonamientos. Pero ya saben que la filosofía de la clase política –toda ella sin excepción– es la persecución, la descalificación y, si pueden, la destrucción del contrario. Para ello, emplean a la Justicia, judicializan sus diferencias, y utilizan a los Juzgados para sus disputas políticas, que creo deben dilucidarse en otros lugares con luz, taquígrafos, transparencia y honradez. Aquí solo parece interesar figurar y aparentar que mandan mucho………………………….. ¡QUÉ PAÍS!